Las organizaciones advierten del impacto de la electricidad, el gas y los combustibles sobre una industria que necesita mantener la cadena de frío de forma continua y plantean medidas específicas para el sector.
Anice y Fecic han reclamado al Gobierno de España que incluya a la industria cárnica en las medidas que prepara para hacer frente al incremento de los costes energéticos y de los combustibles. Ambas organizaciones advierten de que la escalada de precios está afectando a distintos eslabones de la cadena alimentaria y piden mecanismos específicos para aquellas actividades que requieren un consumo energético elevado y continuo.
Durante los primeros veinte días de septiembre, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en 141,03 euros/MWh, frente a los 59,65 euros/MWh registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento superior al 136 %.
A esta subida se suma el encarecimiento del gas natural, cuyo precio se sitúa actualmente en 75,53 euros/MWh, frente a una media cercana a los 44,9 euros/MWh de junio. También el transporte y la logística están soportando mayores costes, con un incremento cercano al 68 % en el precio del gasóleo antes de impuestos desde el inicio de la actual crisis geopolítica, según los datos aportados por las organizaciones.
Una industria con un elevado consumo energético
La industria cárnica presenta una exposición especialmente elevada a estos costes debido a las características de sus procesos productivos. Mataderos, salas de despiece, industrias de elaborados, secaderos y almacenes frigoríficos necesitan mantener de forma permanente sistemas de refrigeración, congelación, climatización y conservación.
A ello se añade el consumo de gas en procesos térmicos, producción de agua caliente, cocción y limpieza, así como el combustible necesario para el transporte de animales, materias primas y productos refrigerados y congelados.
Desde Fecic señalan que esta situación limita la capacidad de las empresas para adaptar su consumo a las horas de menor precio, ya que la cadena de frío debe mantenerse activa las 24 horas del día.
La diferencia entre franjas horarias refleja esta realidad. Durante septiembre, el precio medio de la electricidad entre las 11:00 y las 18:00 horas se ha situado alrededor de los 39 euros/MWh, mientras que fuera de las horas solares alcanza los 201,55 euros/MWh.
En este contexto, Anice y Fecic destacan además las inversiones realizadas por numerosas empresas del sector en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo y en medidas de eficiencia energética. Estas inversiones permiten reducir parte del impacto de la subida de precios, aunque no eliminan la necesidad de consumo durante las horas sin generación solar.
Medidas específicas para el sector
Ante el anuncio del Gobierno de nuevas medidas para afrontar el incremento de los costes energéticos, las dos organizaciones reclaman que la industria alimentaria también pueda acceder a los mecanismos extraordinarios de compensación que se habiliten.
Entre sus propuestas se encuentran el reconocimiento de determinadas actividades como industrias intensivas en consumo energético o el establecimiento de un tratamiento equivalente, así como el refuerzo de los incentivos para el autoconsumo fotovoltaico, el almacenamiento energético, la eficiencia, la recuperación de calor y la modernización de instalaciones frigoríficas.
También plantean facilitar el acceso de las pymes a soluciones como la cogeneración y los contratos de suministro energético a largo plazo (PPA), además de extender al transporte y la logística vinculados a la cadena alimentaria las medidas que puedan adoptarse para amortiguar el incremento de los combustibles.
Por último, Anice y Fecic consideran necesario desarrollar una estrategia energética específica para la industria alimentaria que permita reducir su exposición a episodios de volatilidad y preservar la competitividad del sector.
Las organizaciones recuerdan que se trata de la segunda crisis energética que afronta la industria en menos de cinco años y defienden que la energía debe considerarse un factor estructural de competitividad.
En este sentido, consideran que garantizar unas condiciones energéticas competitivas no afecta únicamente a los costes empresariales, sino también a la capacidad de la industria para producir, transformar, transportar y conservar alimentos, reforzando así la resiliencia de la cadena alimentaria.
