La industria cárnica española ha reclamado al Ministerio de Consumo un mayor rigor técnico en el Proyecto de Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en comedores colectivos, actualmente en fase de audiencia pública. Así lo han trasladado de forma conjunta Anice y Fecic, principales organizaciones representativas del sector, a través de una nota de prensa conjunta.
Ambas patronales aseguran estar plenamente alineadas con los objetivos generales del texto, pero consideran que algunos de sus planteamientos presentan dificultades de viabilidad técnica y pueden generar confusión. “No se discute el fin, sino la intensidad regulatoria”, subrayan desde el sector.
Dudas sobre el concepto de “ultraprocesado”
Uno de los principales puntos de fricción es la incorporación del término “ultraprocesado” en el proyecto normativo. Anice y Fecic solicitan su eliminación al no tratarse de un concepto reconocido en la legislación alimentaria ni contar con un consenso científico sólido.
Según advierten, la definición propuesta podría llevar a excluir alimentos con un excelente perfil nutricional, como el jamón ibérico, el lomo adobado o incluso productos reducidos en sal como el jamón cocido o la pechuga de pavo. “Una definición tan amplia mete en el mismo saco alimentos muy distintos y puede poner en riesgo la asequibilidad y la sostenibilidad”, señala el director general de Anice, Giuseppe Aloisio.
Las organizaciones recuerdan que organismos internacionales como Codex Alimentarius, la OMS, la FDA o la Comisión Europea reconocen las dificultades de definir este concepto y siguen analizando la evidencia científica antes de adoptar medidas regulatorias.
Riesgo de adelantarse a la armonización europea
Desde Fecic alertan del riesgo de que España se adelante a una definición nacional mientras la Comisión Europea continúa estudiando el asunto. “Si la UE adopta posteriormente otro enfoque, España tendría que modificar o derogar el Real Decreto, asumiendo el coste político de haber actuado con precipitación”, advierte el secretario general de Fecic, Ignasi Pons.
Además, el Comité Científico de Aesan cuestiona el uso del nivel de procesado como base para políticas de salud pública, señalando que la calidad nutricional depende de la composición final del alimento, no del proceso en sí.
Consumo de carne y equilibrio nutricional
El sector también expresa su preocupación por el sesgo ideológico que, a su juicio, prioriza las proteínas vegetales frente a las de origen animal sin atender a la evidencia científica sobre el papel nutricional de la carne.
En este sentido, las patronales proponen ajustar el texto para garantizar un consumo equilibrado, planteando entre dos y tres raciones semanales de carne en centros con una única comida principal, y un máximo de una ración de carne procesada.
Para colectivos específicos, como las personas mayores en riesgo de sarcopenia, recuerdan que sociedades científicas como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recomiendan hasta cinco raciones semanales de carne, dada su necesidad de proteínas de alta calidad.
Impacto en la competencia y la unidad de mercado
Por último, Anice y Fecic advierten de que algunas medidas del proyecto podrían distorsionar la competencia y afectar a la unidad de mercado, al imponer criterios homogéneos a realidades muy distintas en función de territorios, destinatarios y situaciones vitales.
“No discutimos el fin, sino la intensidad regulatoria”, insisten desde la industria cárnica, que reclama una revisión en profundidad del texto para garantizar seguridad jurídica, rigor científico y equilibrio nutricional.
