El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha declarado ilegales los aranceles generalizados a las importaciones impuestos por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato.
Según el fallo unánime de tres jueces, el mandatario se excedió en sus competencias al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer estas tasas sin la autorización del Congreso.
La sentencia afecta directamente a los aranceles del 25 % aplicados a productos de Canadá y México, y del 20 % a los procedentes de China, que la Administración justificó por motivos como la inmigración o el tráfico de fentanilo. También se anulan los denominados ‘aranceles recíprocos’ a nivel global, que generaron tensiones comerciales con numerosos países.
Un mercado estratégico para la carne española
Este fallo representa un duro revés judicial para Trump y podría marcar un punto de inflexión en la política comercial estadounidense. Para sectores como el agroalimentario y, en particular, el cárnico, esta decisión podría suponer una mayor estabilidad en el comercio internacional y una reducción de la incertidumbre regulatoria en mercados estratégicos.
Estados Unidos se ha consolidado como un mercado en expansión para las exportaciones cárnicas españolas. En 2024, las ventas de carne y productos cárnicos elaborados a Estados Unidos alcanzaron los 102,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 29,4 % respecto al año anterior. En términos de volumen, se exportaron 14.287 toneladas, un 42 % más que en 2023.
Los productos elaborados, como el jamón curado y los embutidos tradicionales, destacan especialmente por su crecimiento: las exportaciones aumentaron un 35,2 % en volumen y un 30,2 % en valor, alcanzando los 57,5 millones de euros. Estos datos posicionan a Estados Unidos como uno de los diez principales destinos para los productos cárnicos elaborados españoles, destacando su importancia en segmentos de alto valor añadido.
El fallo podría escalar al Supremo
Aunque la anulación de los aranceles tiene efecto inmediato, el tribunal ha otorgado un plazo de 10 días para que se adopten las medidas administrativas necesarias. El Gobierno de Trump ha anunciado que recurrirá la sentencia, lo que podría llevar el caso hasta el Tribunal Supremo.
El tribunal subraya que la IEEPA no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles ilimitados, y que cualquier interpretación que lo permita es contraria a la Constitución. Asimismo, señala que los aranceles impuestos no responden a una “amenaza inusual y extraordinaria”, tal como exige la ley, sino que fueron utilizados como una herramienta de presión política sin base legal.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, celebró la decisión como una “gran victoria para las familias trabajadoras y las empresas”, mientras que la fiscal general del Estado, Letitia James, recalcó que “el presidente no puede saltarse la Constitución para imponer subidas de impuestos masivas al pueblo estadounidense”.
